Friday, October 30, 2015


Escuelas no rinden uno de cada tres pesos que 

entrega el Estado para niños vulnerables


Por: Álvaro Mardones Rivera y Roberto Pérez Cristiá en Opinión                    Publicado: 30.09.2015


Dos investigadores del Centro de Estudios Humanistas Cehum-Alètheia analizaron las rendiciones que hacen las escuelas de la subvención escolar preferencial (SEP) que el Estado entrega para mejorar la educación de los alumnos más vulnerables. Con datos de una importante muestra de establecimientos de la Región Metropolitana en 2013, el estudio concluye que cerca de un tercio del gasto del dinero no es justificado luego por los sostenedores, lo que los hace concluir que gran parte de los fondos no están siendo utilizados para el objetivo para el cual fueron comprometidos.

Desde el año 2008 el Estado ha entregado fondos especiales para escuelas que se han adscrito a un Convenio de Igualdad de Oportunidades, dentro del marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP), con el fin de mejorar la calidad educativa de los niños y niñas más vulnerables de Chile. Para obtener estos recursos, los sostenedores deben firmar un contrato con el Estado y entregar un Plan de Mejoramiento Educativo que les permita ampliar la compra de infraestructura y materiales, como libros, bibliotecas, equipamiento deportivo, transporte escolar, etc.; aumentar la contratación de asistentes de aula, de trabajadores sociales, psicólogas, entre otros profesionales; otorgar planes de estudios complementarios, tanto en becas para alumnos talentosos, como en perfeccionamiento docente, entre muchas otras alternativas de inversión.

Para este estudio se analizó una muestra de escuelas adscritas a la Ley SEP en la Región Metropolitana durante 2013, a las que asistían más del 88% de los niños con subvención preferencial en la región. En total, ese año el Ministerio de Educación desembolsó $150 mil millones para que los sostenedores desarrollaran los planes educativos que ellos mismos elaboraron. Lo sorprendente es que de ese total, $53 mil millones no fueron justificados por los sostenedores comprometidos con el Estado.

Esos significa que los sostenedores guardaron para mejores épocas o simplemente gastaron en otros menesteres uno de cada tres pesos entregados por el Estado en subvenciones preferenciales. La conclusión es que la Ley SEP no se ha cumplido. Los sostenedores no utilizan estos fondos para lo que fueron otorgados y la Superintendencia de Educación, creada justamente para fiscalizar esta situación, no ejecuta su facultad de fiscalizar.

Dejar de usar los recursos significa que gran parte del plan educativo comprometido dejará de implementarse, dejando trunco el plan de mejoramiento y perjudicando las posibilidades de desarrollo, aprendizaje y nivelación social de los estudiantes más vulnerables.
En el siguiente estudio se develan los detalles de este problema y se destacan casos emblemáticos o dramáticos, de los que se puede concluir que esta pérdida de los dineros SEP, en vez de movilizar a las autoridades para recuperar esos fondos, es considerada “un asunto entre privados”.

RECURSOS SIN EJECUTAR

En 2014 se evidenció públicamente el abultado desvío, pérdida o simplemente la falta de ejecución de recursos asignados por el Estado a los establecimientos educacionales municipales consignados como Subvención Escolar Preferencial (SEP). Tanto la Contraloría, como la Superintendencia de Educación, la Fiscalía y la Comisión Investigadora de las platas SEP de la Cámara de Diputados han investigado los eventuales delitos y/o faltas administrativas derivadas del mal uso de estos dineros destinados a los estudiantes de familias más desfavorecidas de Chile.
En el informe final de la Comisión Investigadora sobre el uso de los fondos SEP en 14 corporaciones municipales, se señala haber detectado que:


En base a la información proporcionada por las corporaciones fiscalizadas, se efectuó una cuadratura entre los aportes recibidos por concepto de Subvención Escolar Preferencial, durante los años 2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011, cuyo monto total asciende a $80.112.993.667 -mientras que los gastos efectuados por esas entidades, en igual período, equivalen a $ 53.230.076.44.-, lo que determina un monto sin ejecutar de $26.882.917.221, correspondiente al 33,6% de los recursos percibidos(ver informe).

La conclusión de la misma comisión señala:
Si bien no es materia estricta de competencia de esta comisión, dado que su mandato solo hace mención a los sostenedores municipales, resulta del todo incomprensible que, si en la actualidad el subsistema municipal concentra el 38% de la matrícula, versus el 53% que concentra el subsector particular subvencionado, no haya existido el mismo ánimo para extender el foco de preocupación a todos los sostenedores que reciben fondos públicos, provenientes de la ley SEP” (ver informe completo).

En sintonía con lo anterior y para hacernos cargo de esa grave falencia, el objetivo del análisis que presentamos es monitorear el uso efectivo de los recursos SEP de 2013 declarado a la Superintendencia de Educación por sostenedores tanto municipales como particulares subvencionados. Nos hemos enfocado en los establecimientos particulares subvencionados, más que en los municipales, ya que éstos están siendo investigados por organismos del Estado.
Para comprender el alcance de la Ley SEP, recordemos que los sostenedores libremente firman un contrato con el Ministerio de Educación, que se conoce como Convenio de Igualdad de Oportunidades”. 

El sostenedor expone voluntariamente la administración de sus recursos SEP a la supervisión y fiscalización de la superintendencia, por lo que le entrega al Estado la facultad de verificar la calidad de su gestión, bajo pena de sanciones administrativas si no cumple los requerimientos y metas auto asignadas en el convenio.

Al 2014 existen bajo registro 9.327 establecimientos escolares de educación básica (regular y especial) reconocidos por el Estado. De ellos, 7.968 tienen un convenio SEP vigente. El universo de este estudio son los establecimientos de la Región Metropolitana, que alcanzan 3.052 escuelas, de las cuales 1.465 estaban adscritas al régimen SEP al año 2013. De éstas, se analizaron1.214, lo que representa al 82,8 % de los establecimientos con régimen SEP en la región, ubicados en 33 de las 52 comunas metropolitanas.
En cuanto al número de estudiantes, encontramos un total de 457.752 alumnos de educación primaria cuyas escuelas reciben la subvención SEP en la Región Metropolitana. Este estudio cubrió a 375.566 de ellos, lo que representa un 88,42 % de los estudiantes con SEP de la región.(8)
Fuente: Superintendencia de Educación. 
* No se consideran establecimientos que entraron al Plan SEP al año 2013 ya que regularmente les son enviados los recursos asignados SEP el último semestre y por tiempo no alcanzan a gastarlos durante ese año.

RESULTADOS ALARMANTES

Ante la revisión de los datos que los establecimientos monitoreados registran en sus declaraciones de ingresos SEP, disponibles al 2013, nos encontramos con que éstos ascienden a un total de $148.846.728.317. De éstos, los propios sostenedores municipales y particulares subvencionados reconocen como no ejecutados un total de $53.222.751.798 al 2013, lo que significa que al finalizar ese año escolar un 35,76% de los recursos no fueron usados en los planes de mejoramiento educativo.

La tabla 2 nos muestra que en los establecimientos municipales el 39,4% de los recursos SEP disponible no fue ejecutado en los planes, mientras que en los establecimientos particulares subvencionados representa un 33,0% de los recursos para el año 2013.
Tabla 2: Resumen rendición de cuentas Subvención Escolar Preferencial 2013 de establecimientos de la  Región Metropolitana, declaradas por sostenedores municipales y particulares subvencionados en comunas abarcadas en el estudio.

Fuente: Superintendencia de Educación. http://www.supereduc.cl/servicios/consulta-establecimiento.html 

* No se consideran establecimientos que entraron al Plan SEP al año 2013 ya que regularmente les son enviados los recursos asignados SEP el último semestre y por tiempo no alcanzan a gastarlos durante ese año.

Los resultados de este estudio nos revelan que de los dineros disponibles para el 2013, uno de cada tres pesos enviados por el Estado a los sostenedores no fue ocupado. En estos dineros no ejecutados nos encontramos con que los establecimientos educacionales de las comunas de la zona sureste de la Región Metropolitana, como La Florida, Puente Alto y La Pintana, son las que menos recursos disponibles han utilizado (ver gráfico 1). Las dos primeras comunas tienen un “saldo a favor” de más de $3 mil millones y en el caso de La Pintana, por sobre los $4 mil millones no usados. El gráfico evidencia también que de las 33 comunas analizadas, 21 tienen acumulados en las cuentas corrientes de los sostenedores (municipales y particulares subvencionados), más de mil millones de pesos a finales del año 2013.


El gráfico 2 muestra una gran mayoría de comunas que sobrepasan el 30%, pero algunas sobre el 40% e incluso hasta por encima del 50% de dineros que no se utilizaron en beneficio de las actividades escolares. Si se deja de gastar un 20% de los recursos SEP, eso equivale a que el plan de mejoramiento sólo se financia durante el año escolar de lunes a jueves. Es fácil deducir lo que ocurre cuando no se invierte el 40% de esos recursos.


En la revisión por comunas de los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados (gráfico 3), se observa que San Joaquín, La Pintana, San Bernardo y Quinta Normal, son las que porcentualmente muestran mayores niveles de no ejecución de los recursos para los planes de mejoramiento, superando el 40%. En el caso de los colegios particulares subvencionados de La Florida, acumulan más de un 50% no ejecutado.


Respecto a los establecimientos municipales (gráfico 4), en Quinta Normal, Renca, Lampa, El Bosque, San Ramón y Santiago se observa una falta de ejecución de los recursos SEP de entre 40% y 49%. En Buin, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y Conchalí, entre 50% y 59%. Los datos más graves los encontramos en las comunas de Lo Espejo, Cerrillos, Recoleta, Huechuraba e Independencia, donde los niveles de no ejecución están por sobre el 60 %. El caso más extremo es el de La Cisterna, que supera el 70%. Por el contrario, solo las municipalidades de Peñaflor, Colina, Lo Prado, Peñalolén y San Bernardo, muestran niveles de ejecución de los dineros SEP superior al 90%.


El gráfico 5 ordena solo aquellos establecimientos que contaron con más de $10 millones de pesos en recursos SEP para gastos al año 2013. Se aprecia que hay 1.009 establecimientos en esta categoría y de ellos, 444 no ejecutaron un 40% o más de los recursos SEP. Se aprecian 55 unidades educativas que declaran que el 90% o más de los dineros simplemente no se usaron.  Por el contrario, sólo un 11,7% de los establecimientos públicos y privados gastaron más allá de 90% de los recursos en la ejecución.

CASOS EMBLEMÁTICOS

UN CASO DE ABUSO EN DINEROS NO RENDIDOS
Colegio N°3 Campos de Maipú:
Sostenedor: Sociedad Educacional Galvarino
Representante Legal: Gladys Eugenia Cárdenas Narváez.
En sus sucesivos saldos de ingresos SEP, el sostenedor declaró recursos no ejecutados por $ 14.784.179 al año 2009, $ 122.084.529 al año 2010, $ 187.795.974 año 2011, $ 210.783.541 año 2012 y $ 251.217.174 al año 2013.

Los convenios SEP firmados entre el sostenedor y el Ministerio de Educación obligan que los planes anuales se cumplan. Es evidente en este caso que año tras año en vez de ser más efectivos en la ejecución de las platas SEP, el sostenedor acumula esos dineros, por lo que se entiende que los planes de mejoramiento educativo aprobados no se están cumpliendo año tras año. Y aunque la modificación de Ley SEP del año 2011 permitía que sólo el 50% de los recursos entregados hasta solo ese año fueran efectivamente ejecutados, no significa que los planes de mejoramiento no sean cumplidos por el sostenedor. No es un perdonazo a una “morosidad”. No hay una razón pedagógica que explique que año tras año se acumulen cifras más altas de subvención preferencial. El convenio de igualdad de oportunidades señala claramente que se debe ejecutar el 100% de esos dineros y, más allá de legalidad, no es presentable educativamente congelar los planes de mejoramiento por consideraciones administrativas que el sostenedor no puede resolver. Habría que preguntarse si efectivamente tienen ese dinero en las cuentas corrientes donde se las envía el Ministerio de Educación. Es por ello que desde la propia Superintendencia de Educación nace la iniciativa de ley que exige la obligatoriedad de exhibir el saldo de la cuenta corrientes en futuras rendiciones de cuentas desde el 2015 (Ley de Inclusión educacional).

MINEDUC: PÉRDIDAS DE LAS PLATAS SEP “ES UN PROBLEMA ENTRE PRIVADOS
Colegio Padre Hurtado de Pudahuel y Escuela Especial College Padre Hurtado de Renca.
Sostenedor: Sociedad Educacional Eduba Limitada
Representantes legales: Urbana Reyes Olivares y Leonel Cáceres Morales.
El Colegio Padre Hurtado no rindió, como es su obligación, los dineros de la subvención preferencial del año 2013, por lo tanto no justificó $85.484.985 de pesos entregados. Simplemente no hay rendición de cuentas. El establecimiento sigue funcionando pero con 19 juicios laborales de los docentes, que han ganado casi todas las demandas presentadas desde el año 2010 al presente.
Pero, como las demandas laborales son ya cotidianas en muchos establecimientos educacionales, lo que es sorpresivo es la autoinculpación en una demanda judicial civil entre los socios para el control o disolución de la sociedad sostenedora de los establecimientos (rol C-4264-2013 Cáceres/Reyes). En el texto de la demanda presentada en mayo de 2013, uno de los dueños culpa a su socia de no gastar el dinero SEP y la acusa de inmoral por ello:

“Lamentablemente la mala administración que ejerció la demandada antes de mi ingreso significó que los tres primeros años del programa [SEP] del Colegio Pudahuel -período 2008 a 2010- se invirtiera apenas 40 millones de los 100 millones de pesos ingresados [….] La forma de administración de la demandada no permitió que los recursos SEP sean utilizados en forma tal de generar un real incremento en la posibilidad de estudios de ambos colegios. Esta conducta de la demandada además de incompetente económicamente es entonces inmoral, al no destinar recursos públicos a los alumnos para los cuales estaban destinados”
El sostenedor asegura también en esta misma demanda que denunció estos hechos al propio Ministerio de Educación. Sin embargo, la respuesta que recibió sobrepasa todo límite del realismo mágico:

“Incluso he debido concurrir a la Dirección Provincial de Educación del Mineduc entrevistándome con la jefa provincial Poniente para que cite a la coadministradora a dar explicaciones del porqué no gasta los recursos SEP. Pero estas presiones legítimas tuvieron nulo efecto. Me señaló, por parte del Mineduc, que en definitiva era un problema de la sociedad ya que el ministerio solo le impetraba pedir la devolución de los dineros si no eran invertidos en el plan.”

Es impresentable que frente a una autoinculpación de un sostenedor –de que no se está cumpliendo con el Convenio de Igualdad de Oportunidades firmado con el propio Ministerio de Educación– y se denuncia a sí mismo frente a una autoridad de la República, se responda con la repetida consigna ideológica que ya es parte de la cultura de este Estado subsidiario: “es un problema entre privados”.

Sin embargo, este asunto tiene un lado aún más escabroso, y no es el que un sostenedor frustrado que denuncia a su socia de malgastar los fondos SEP, y por escrito, en un juicio civil donde expone amargamente frente a un juez su estupor frente a la desidia de una funcionaria de gobierno. Si en este caso una autoridad hace literalmente la vista gorda, no quiere reaccionar, ni involucrarse en un problema entre privados con platas públicas, resulta evidente que cualquier denuncia de desvíos de recursos SEP cae a un agujero sin fondo en el Mineduc. Esto escapa a cualquier lógica.

EL NEGOCIO FAMILIAR DE LAS ATES
Establecimientos: Colegio Teniente Dagoberto Godoy de la Comuna del Bosque, Escuela Particular Teniente Dagoberto Godoy de la Comuna de La Granja y Liceo Teniente Dagoberto Godoy N°3 de la Comuna de Lo Prado.
Estos tres establecimientos educativos pertenecen a la Sociedad Colegios Teniente Dagoberto Godoy S.A, que actúa como sostenedor, según la página de información de Escuelas del Ministerio de Educación. Se trata de un negocio de la familia Munizaga Oliva. Su representante legal es actualmente Aurelia Munizaga Véliz y el gerente general, su hijo, Walter Oliva Munizaga, tal como lo consignó Ciper en una publicación del 2014, que lo señala como ex vicepresidente de la Democracia Cristiana (ver reportaje de CIPER). Además poseen los colegios Santiago de La Florida, Santiago de Pudahuel, Santiago de Quilicura y Valle Grande de Lampa.
Los tres primeros reciben fondos SEP. En estos casos se estudió los 4 años de convenios de subvención preferencial que ha tenido el sostenedor desde el año 2009.
El primer colegio, Teniente Godoy de El Bosque, recibió más de $1.000 millones ($1.161.598.761) de subvención SEP en 4 años. Al colegio Teniente Godoy de la Granja se le entregaron $1.076.814.074 en el mismo período, y al Liceo Teniente Godoy de Lo Prado, $1.027.874.323. De los aproximadamente $3 mil 200 millones de pesos en recursos SEP, se destinó casi $286 millones en pagos de personal interno de las escuelas, lo que representa un 8,7 % y, por el contrario, se gastó más de $2 mil millones en asesoría externa –casi todo para pagar a una misma ATE, según muestra un reportaje de El Mostrador (2014)–, lo que significa un 63,11% del total.

Fuente SIMCE: http://www.simce.cl/ficha/?rbd=24946 ; http://rendicion.supereduc.cl/ver-rendiciones/24946 ( página web temporalmente inactiva por Súper Intendencia de Educación esperando la rendición de cuentas del 2014)

Es menester cuestionar si las altas sumas de dineros usados para una asesoría externa ATE, de su círculo familiar, ha tenido algún impacto positivo en los resultados educativos medidos en las pruebas nacionales Simce, que es el indicador fundamental de La Ley de Subvención Escolar Preferencial:


La tablas anteriores evidencian que los establecimientos señalados con régimen SEP han tenido un altísimo nivel de gasto en asesoría ATE, pero en resultados académicos empeorados en esos mismos años. Es inverosímil que en 4 años se haya destinado más de $2 mil millones en asesorías externas para que definitivamente el resultado sea deplorable. En efecto, en seis niveles de los resultados Simce, solo en uno se ve reflejado una subida medianamente significativa y en otros cinco, los logros de aprendizaje en lenguaje y matemáticas han ido cuesta abajo.
La ATE más beneficiada ha sido “Asesorías, Consultora y Proyectos Educativos Innovación Tres Limitada”, cuya representante legal es Aurelia Munizaga Véliz (ver ficha), justamente la misma representante legal de los tres establecimientos aludidos, como lo indica la página www.registroate.cl. Y por su parte, la ATE mencionada sólo ha trabajado para un mismo sostenedor: Sociedad Colegios Teniente Dagoberto Godoy S.A.

Las evaluaciones de esta ATE bordean la nota 7.0 de excelencia, según lo indica la misma página web. Y en la encuesta de evaluación, tanto el director como el sostenedor recomiendan en un 100% a la ATE, propiedad del mismo grupo familiar dueño de los colegios.

CONCLUSIONES

Es importante señalar que La Ley de Subvención Escolar Preferencial exige que los dineros sean destinados a cumplir año a año un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado, idealmente por la comunidad educativa de cada establecimiento, que incluye áreas de liderazgo, gestión pedagógica , de recursos y convivencia escolar, con indicadores, metas y responsables en la ejecución.
Es, por lógica, dudoso que una comunidad educativa organizada y participativa haya aprobado cada año un plan de gestión en donde el 65% de los recursos sean destinados a una empresa externa. Lo es también que el sostenedor haya cumplido la ley SEP, más aún cuando ni la Superintendencia de Educación o la Agencia de la Calidad de la Educación (esta es labor del Mineduc a través de sus supervisores) no estarían verificando el real cumplimiento de los planes educativos enviados por los establecimientos escolares.

Finalmente este análisis deja sospechas fundadas de que los dineros de la Subvención Escolar Preferencial son un pozo sin fondo, en donde se han extraviado más de $ 50 mil millones sólo en la Región Metropolitana, de los dineros que no han sido rendidos por los sostenedores municipales y particulares subvencionados en la revisión de cuentas del año 2013.
Es necesario que tanto la Superintendencia como la Contraloría vayan más allá de este estudio y fiscalicen las rendiciones de cuentas entregadas y si ellas contienen facturas y boletas que sean fieles a las tareas y metas de los planes de mejoramiento comprometidos. Es necesario que se exija el reintegro de los recursos no utilizados o malversados. Por el bien de Chile y sus niños, por el presente y futuro es una obligación no solo legal, sino moral. Porque si no es así, entonces… ¿quién le pone el cascabel al gato?

Otras fuentes de información:
Transacciones subvenciones.


Información Sostenedores.


POR QUÉ Y CÓMO OPERA LA GRÚA DEL SECTOR PRIVADO

Crisis de médicos especialistas en la salud pública: las causas de un tumor de larga data


Por: Catalina Albert y Matías Jara en Reportajes de investigación                 Publicado: 01.09.2015


Un millón y medio de personas son las que están a la espera de una consulta médica y 300 mil las que aguardan una cirugía. Las listas de espera en el Sistema de Salud Público son el rostro más visible de una prolongada crisis que ningún gobierno ha podido resolver. Al crítico cuadro, en los últimos años se suma una nueva complicación: la creciente falta de especialistas. Y no solo por falta de formación. Con sueldos seis o siete veces más altos, la poderosa “grúa” del sector privado opera sin contrapeso, desencadenando una verdadera fuga de especialistas desde los hospitales hacia las clínicas.

Las listas de espera se han convertido en el gran problema de la salud pública y en una pesadilla para más de un millón y medio de personas en todo Chile, las más vulnerables, que aguardan por una ansiada consulta médica. Un llamado que puede demorar un año. Peor aún es la situación para las 300 mil personas que están en lista de espera para una cirugía que les puede cambiar la vida.
Alicia Sepúlveda integra la segunda lista. A fines de 2010, mientras limpiaba los pisos del Hospital del Trabajador, el dolor que hacía meses tenía en su hombro derecho se intensificó. Sintió algo parecido a un latigazo. En la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción le dijeron que tenía una rotura en el tendón del hombro derecho. Y que no correspondía a un accidente del trabajo. Le dieron paracetamol, ibuprofeno y la notificaron de que no podían hacer más.


A principios de 2011, Alicia fue al Centro de Salud Familiar Doctor Carlos Godoy (Maipú). El doctor que la vio también le dio paracetamol, ibuprofeno y la envió por interconsulta al Hospital San Borja Arriarán, donde fue incorporada a la lista de espera para cirugía traumatológica, en 2012. En esa ocasión, el guion se repitió: paracetamol e ibuprofeno. Esta vez, sin embargo, la mandaron de vuelta a casa con una advertencia: “Tiene que tener paciencia, hay gente más grave esperando desde antes y no hay suficientes doctores para atenderlos a todos”.

El problema de Alicia Sepúlveda se repite en la mayoría de las casi dos millones de personas que no reciben atención en el sistema público, porque no hay suficientes médicos especialistas. Una  carencia que se focaliza en las especialidades con mayor espera en cirugías: digestiva (56.556 personas), traumatológica (44.056), otorrinolaringológica (31.931), urológica (21.565) y ginecológica (21.021). En la lista de espera de consultas, las especialidades con mayor demora son: oftalmología (192.503 pacientes), otorrinolaringología (139.514), traumatología (139.328), cirugía adulto (94.342) y neurología (81.348).

Según el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud (SIS), en Chile existen 35.497 médicos inscritos, 19.034 de ellos con una especialidad. Esto significa que hay 936 personas por cada médico especialista. Una piedra que ningún gobierno ha podido sacarse del zapato. Y como el problema persiste, se han utilizado incluso artimañas para disminuir las listas de espera.

Una receta que se ha repetido es depurarlas administrativamente. Esto se hace a través del contacto -telefónico o vía carta certificada- con el paciente para confirmar si aún necesita la consulta o cirugía. En la administración de Sebastián Piñera se anunció el fin de la listas de espera de “todas las patologías que se encontraban pendientes al 30 de septiembre de 2011”. Sin embargo, un informe de Contraloría constató que, en algunos hospitales, “de las 3.273 personas que figuraban como atendidas a esa fecha, 1.455 fueron sacadas de las listas sin recibir la atención hospitalaria: el 44,45% del total. Por una simple depuración de las listas, miles de pacientes no recibieron las atenciones de salud garantizadas por la Ley N° 19.966” (vea investigación de CIPER Listas de espera del Hospital San José).


El escándalo que provocó el uso de la “depuración” para achicar las listas de espera, dio inicio a una investigación a cargo de la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, que aún continúa con diligencias. Puede que esto haya influido para que el actual gobierno utilice casi el mismo método, pero lo haga público. De las 300 mil personas que esperan una cirugía, gracias al contacto con el paciente, se ha confirmado que 186.377 efectivamente siguen aguardando la intervención de especialistas. Con el resto, el proceso de búsqueda continua. Y para 19.136 pacientes, al menos hubo una buena noticia: deberán ser operados antes del 31 de diciembre próximo, si es que se cumple con el Plan Extraordinario de Reducción de Listas de Espera No Auge.

La cifra oficial que maneja el Ministerio de Salud (Minsal) es que, para atender adecuadamente a esos pacientes, faltan 3.795 médicos especialistas y subespecialistas (octubre de 2014, informe del Departamento de Calidad y Formación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Minsal).
Un problema que se arrastra por años y que ahora, al parecer, este gobierno ha decidido atacar desde varios flancos. Una primera medida fue la contratación de 33 mil horas médicas de especialistas durante los primeros 100 días de gobierno (promesa de campaña de Bachelet). No se cumplió: al 21 de mayo de 2015 sólo había 17.187 horas efectivamente contratadas (390 médicos contratados por 44 horas). Aun así, esta medida tuvo efectos al primer año: las consultas aumentaron en un 5,5% y las cirugías mayores en un 7,5%. Eso redujo el promedio en las listas de espera en 58 días para consultas y en 34 días para cirugías.

Otro movimiento fallido de las autoridades fue incentivar la “importación” masiva de especialistas extranjeros, estrategia a la que se opusieron los médicos nacionales desde sus distintas instancias gremiales y científicas bajo el argumento de la garantía de “calidad”. Hasta ahora, el filtro para que ejerzan en Chile médicos titulados en el extranjero, ha sido aprobar el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom). Si lo reprueban, no pueden trabajar en el sistema público ni otorgar prestaciones a beneficiarios de Fonasa.
La crisis del sistema de salud obligó en febrero de este año a abrir una brecha: a los médicos sin Eunacom aprobado (882 profesionales), contratados al 31 de diciembre de 2014, se les dio una prórroga de dos años para certificarse (artículo 7 de la Ley Norma 20.816). Pero lo que ocurrió con la última versión del examen, en julio, no augura una vía de solución: de los 820 titulados en el extranjero que lo dieron, sólo 277 lo aprobaron.

Dr. José Concha (Fuente: ASOFAMECH)

-Si entre los que reprobaron el Eunacom hay profesionales con contrato vigente al 31 de diciembre de 2014, pueden continuar ejerciendo por un plazo que vence en enero de 2017 –afirmó a CIPER, el doctor José Concha, encargado del Departamento de Calidad y Formación del Minsal.
Una segunda medida del Minsal ha sido aumentar la formación de nuevos especialistas. Para esto, aumentó la compra de cupos de formación para 4.000 nuevos especialistas médicos y odontológicos, durante los cuatro años de gobierno. A partir de abril de este año, comenzaron a ingresar al sistema público 552 nuevos médicos recién egresados a consultorios y Centros de Salud Familiar (Cesfam).

La práctica ha demostrado que el énfasis puesto por el Minsal en la formación de nuevos especialistas, no basta para aminorar la crisis. Y ello, porque subsiste la poca capacidad de los Servicios de Salud y las universidades para formar a nuevos profesionales. Un factor que incide en este problema es la batalla campal que se desata entre las universidades por ocupar los campos clínicos. Esa competencia se ha transformado en un mercado donde gana la universidad que hace la mejor oferta económica (ver reportaje CIPER: “Negligencia mortal en Hospital de Melipilla devela feroz disputa de universidades por campos clínicos”).

Así, la falta de infraestructura y de médicos formadores se ha convertido en un obstáculo difícil de sortear a la hora de decidir ampliar los cupos por especialidad. Un escenario que es usualmente utilizado por las sociedades científicas, las que cuidan con especial celo la cantidad de especialistas que se van a formar, escudándose en el argumento de la calidad.

A todo lo anterior se suma otro factor que para muchos representa la principal causa de la falta de especialistas en el Sistema de Salud Pública: la fuga masiva al sector privado. Fue durante la administración de Sebastián Piñera que se pusieron en ejecución nuevas obligaciones para los médicos becados por el Estado, las que fueron reforzadas por la actual administración. Así, los 1.060 facultativos que comenzaron su beca en marzo pasado (en 2008 eran 400), estarán sujetos a nuevas condiciones que buscan comprometerlos a devolver lo invertido por el Estado.

Actualmente, una vez que los becados terminan su formación, deben trabajar en un hospital o consultorio público el doble del tiempo que estudiaron pagados por el Estado, recibiendo un sueldo de alrededor de $1,6 millón. De no cumplir este compromiso, se arriesgan a una multa que corresponde al total de lo invertido más el 50% de ese monto (Artículo 23, Decreto con Fuerza de Ley N° 507 del Minsal), entre otras sanciones. Solo en el primer año de formación el monto a devolver –sin contar la multa- puede llegar a $200 millones, según el doctor José Concha.

LA GRÚA EN ACCIÓN

Una especialización médica dura tres o cuatro años, dependiendo de la disciplina. Una vez terminada la formación, la grúa del sistema privado empieza a operar. Ofreciendo sueldos mucho más altos que los del sistema público y haciéndose cargo del pago de la multa por no cumplir con el compromiso contraído con el Estado para su formación, los establecimientos privados se llevan una porción de los recién egresados. En julio de 2015, esa cifra no superaba el 5%. Ese número se multiplica cuando los especialistas ya han devuelto su deuda con el Estado.
“Estamos observando algunas prácticas, de las que no tenemos pruebas suficientes, que algunos prestadores privados y seguros están pagando la devolución para sacar a los profesionales antes del cumplimiento de su Periodo Asistencial Obligatorio”, afirma el doctor Concha. Para Izkia Siches, presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, esto genera un hoyo sin fondo para el Estado: “Nos quitan a los especialistas que nosotros formamos. Nosotros los entrenamos, los educamos y después se van”.

Dra. Izkia Siches (Fuente: Twitter)

Una vez que los médicos especialistas terminan su proceso de devolución en un servicio público, la grúa vuelve a funcionar: un 30% de ellos migra al sector privado, y un año después los sigue otro 20%. O sea, en dos años, sólo queda un 50% de los egresados en el sector público.  Según un estudio realizado por el Banco Mundial en 2008, el 58% de las horas médicas de especialistas estaban en el sector privado, dejando sólo un 42% en el público. Hoy, según el doctor Concha, esta diferencia es menor y ha llegado a ser de un 54% de especialistas en el sistema privado y un 46% en el público.

Natalia Henríquez, presidenta de Residentes Chile (agrupa a los médicos que están realizando su Periodo Asistencial Obligatorio), cree que esta situación es comparable con la implementación del Plan AUGE, cuando “se garantizaron determinadas prestaciones y en ciertos plazos, sin realizar la inversión correspondiente en el sistema público”. Henríquez dice que ello provocó que “la gran mayoría de los centros asistenciales del Estado no pudieron -y aún no pueden- dar respuesta a la demanda surgida. ¿Qué hacen, entonces, para cumplir con los compromisos AUGE? Se recurre a la compra de servicios a privados, a precios altísimos, lo que ha generado en parte el creciente aumento de la deuda hospitalaria que hoy llega a un histórico de $200 mil millones”.

Lo que explica la doctora Henríquez, se constata en las cifras oficiales: en 2014, 5,23 millones de personas inscritas en Fonasa se atendieron en centros de salud privada (300 mil personas más que en 2013, según la última Memoria de Clínicas de Chile, organización que agrupa a estas instituciones), superando a  los 3,3 millones de afiliados a isapres que lo hicieron ese mismo año.
Ese aumento de usuarios trajo nuevas urgencias para las clínicas: aumentar el número de camas, abrir más pabellones y, por cierto, la necesidad de contratar más médicos especialistas.

-Y así surge este nuevo modelo de verdaderos “hospitales privados”, en los que los médicos trabajamos casi el 100% de nuestro tiempo, porque las clínicas te demandan eso. Te dicen: “Si usted se viene a trabajar acá, tiene que venirse por la mayor cantidad posible de su tiempo”. Así, el déficit que hay de profesionales se acentúa cuando el sistema privado los absorbe y deja al sistema público sin especialistas –explica el doctor Marco Guerrero, presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de Chile.

Con médicos especialistas trabajando la mayor parte de sus horas en el servicio privado, hay algunos profesionales que, durante ese tiempo que reservan para trabajar en el Sistema de Salud Pública, lo usan para beneficio propio. Según una funcionaria del Servicio de Salud San Antonio–Valparaíso, los médicos tienen su propia grúa, la que echan a andar traspasando a los pacientes que atienden desde el sistema público al privado, argumentando que allá hay más equipos, es más rápido y mejor. Así, los pacientes que acceden, además de usar el financiamiento que les da Fonasa, deben cubrir un copago, quedando endeudados por una atención en el sistema privado con su doctor del sistema público.

Las diferencias de remuneraciones entre el sector privado y público son abismales. Según el ex ministro de Salud del gobierno de Piñera, Jaime Mañalich, conocedor de ambos mundos, un médico especialista con algunos años de experiencia, en el sector público puede ganar alrededor de $2 millones, mientras que en el sector privado podría llegar a ganar $14 millones.
Gisela Alarcón, jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales, lo confirma: “La competencia es enorme, porque en algunas especialidades, como oncología o neurocirugía, puede llegar a ser seis a siete veces más la renta que ofrecen los privados”.

La precariedad de los centros de salud pública agrava aún más la situación. Los profesionales que se fugan al sector privado acusan la falta de infraestructura e implementos necesarios para ejercer su especialidad. Incluso, existen casos donde los especialistas son asignados a establecimientos sin la capacidad técnica para que trabajen.
Con los actuales planes de aumento de formación de especialistas, en tres años más, mil nuevos especialistas ingresarán al sistema público para pagar sus becas; y en seis años ese número crecerá a dos mil, y así hasta los cuatro mil prometidos por el gobierno. La duda está en si el sistema dará abasto para todos ellos.

Jaime Mañalich

-Si no se enfrentan estos nudos críticos, todo intento de querer acabar con las “listas de espera” se queda en una declaración populista y termina transformándose en una nueva forma de desviar dineros a las instituciones de salud privada, toda vez que la infraestructura y personal del sistema público no es capaz de absorber la demanda en las actuales condiciones de abandono en que se encuentra –señaló la doctora Natalia Henríquez a CIPER.

El subdirector del Hospital del Salvador, José Luis Sanhueza, cree que sí tendrán el espacio para recibir a los egresados: “Uno mira las especialidades que tienen más falencias, y siempre existen brechas (de infraestructura). Nosotros estamos ad-portas de un hospital nuevo, que va tener la capacidad para absorber la demanda y recurso humano que está en formación”.

La indagación hecha por CIPER muestra la precariedad del sector público. La doctora Bárbara Puga, presidenta del Capítulo Médico del Hospital del Salvador, cuenta que durante gran parte de este año han tenido problemas con el escáner: “y cada vez que se echa a perder se deben comprar servicios por aproximadamente $12 millones mensuales”. La doctora Izkia Siches asegura que en el Hospital San Juan de Dios nunca han tenido un resonador magnético. En el Hospital del Salvador explicaron a CIPER que efectivamente están sin escáner, pero que uno nuevo llegará en los próximos seis meses. Desde el Hospital San Juan de Dios informaron que contarán con un resonador magnético en 2016.
El gobierno tiene planeada la construcción de 60 hospitales. 20 de ellos pretenden ser inaugurados durante este período, otros 20 deberán quedar en ejecución de obras y los restantes con un proyecto de diseño concluido. Y, según explica Concha, también está planificado tener acreditados en junio de 2016, el 100% de los establecimientos de atención cerrada de alta complejidad, lo que implica un mejoramiento tanto en la infraestructura hospitalaria como en el equipamiento.

Parte de esta inversión ya ha llegado a los Servicios de Salud. Por ejemplo, el Hospital del Salvador ha invertido más de $800 millones en equipamiento para oftalmología y otorrinolaringología. Según el doctor José Luis Sanhueza, “ahora, tenemos lo necesario para poder hacer un buen diagnóstico y seguimiento de los pacientes. A pesar de eso, tenemos poca demanda de especialistas que quieran ser contratados, sobre todo en otorrinolaringología”.

MÁS ESPECIALISTAS, MÁS HORAS, MÁS PLATA

Lo que menciona Sanhueza es otro de los problemas que han tenido que enfrentar los Servicios de Salud Pública: muchos cargos de especialistas quedan vacantes porque son pocos los médicos que aceptan trabajar la jornada completa de 44 horas semanales. El doctor Luis Leiva, director del Hospital Barros Luco, explica:

-Algunos prefieren 11 horas, otros 22, pero ya más de 22 horas es muy difícil. Y nosotros intentamos contratarlos pero, con los valores que uno puede pagar, los médicos no quieren, porque esas horas les rinden mucho más fuera que dentro del hospital.

Dr. José Luis Sanhueza (Fuente: Hospital del Salvador)

El lamento del doctor Leiva se explica por sí solo al examinar las condiciones que se les ofrecen a los médicos que desean ser contratados por 44 horas semanales en el servicio público, una vez cumplida su beca. Aunque parezca ridículo, mientras el sueldo que reciben cuando cursan su especialización bordea el $1,6 millón; una vez que son contratados en el Sistema de Salud Pública, su remuneración baja a la mitad. Después de estudiar 10 años y de haber cumplido con su devolución por otros seis, son contratados por 44 horas con un sueldo de $666.093 (valor reajustado según el IPC), además de bonos por antigüedad cada tres años, lo que da un total aproximado de $800.000 (Ley 19.664). Esa es la razón por la que la mayoría de los médicos prefieren el contrato  a honorarios.
Como si el miserable sueldo que se les paga a los especialistas no bastara, existe otro factor que incide directamente en la crisis: el financiamiento del plan de formación de especialistas no es permanente. Depende de cada gobierno el monto que destinará cada año (vía Ley de Presupuesto) a esa política pública clave.

-Falta una inversión permanente. Y voy a poner un ejemplo: los médicos generales de zona fue una política pública creada a principios de los años 60, que tuvo y tiene un impacto importante en la calidad de salud en el país. Ahí se generó una política de largo plazo que sigue hasta hoy. Eso es lo que necesitamos, porque hoy nuestra mirada es muy cortoplacista –afirma Manuel Kukuljan, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
En el Minsal están conscientes de que ninguna de las medidas adoptadas soluciona el problema a largo plazo. Así lo señala Gisela Alarcón: “Para los problemas no GES, como son patologías menos graves, no había ni guías clínicas ni tiempos establecidos. Entonces, estamos trabajando en eso. Esperamos de acá a fin de año tener un grupo de patologías no GES y sus tiempos de espera”.

SOCIEDADES MÉDICAS: UN NEGOCIO REDONDO

Las sociedades privadas de médicos están bajo la lupa del Minsal. Y ello, porque para suplir la falta de horas médicas de especialistas, los hospitales se han visto forzados a recurrir a los servicios de esas empresas, formadas muchas veces por los médicos que trabajan a honorarios en el mismo hospital. Así, un hospital puede llegar a gastar un 30% más que en la contratación de un profesional para una misma atención.

El recurso de las sociedades privadas de médicos surgió como respuesta a las necesidades que provocó el Plan AUGE, cuando los hospitales debieron responder a las garantías establecidas por ley para los pacientes.
-Es un vicio muy grande del Sistema de Salud Público y que, además, produce una distorsión muy grave, porque mucho de lo que se dice “gasto privado” o “transferencia a privado de salud” es en realidad el doctor que trabaja 11 horas en la mañana en el pabellón del hospital y que trabaja después toda la tarde y hasta la noche como privado en el mismo hospital. “El rendimiento médico por hora contratada a sociedad de profesionales es 2,5 veces más que el de la hora contratada al mismo profesional en horario funcionario. Porque lo que en la mañana era pecado, en la tarde no importa –afirmó a CIPER, el ex ministro Jaime Mañalich.

Un directivo de hospital, que pide reserva de su identidad, confirma los dichos de Mañalich y dice que el rendimiento de un médico mientras trabaja en su turno oficial es menor al que muestra en su desempeño como parte de la sociedad médica de la que es socio. Y señala a modo de ejemplo que, un anestesista que en la mañana sólo atendía a un paciente, en la tarde es capaz de participar en dos cirugías al mismo tiempo.

Nuevamente las diferencias de remuneraciones grafican la inequidad. El presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de Chile, Marco Guerrero, explica: “Mientras en un pabellón está un anestesista contratado por su sociedad médica que gana entre $26.000 y $28.000 por hora, en el pabellón de al lado está el médico contratado por el hospital que gana $15.000 por hora. La diferencia es tremenda”.


Ante esto, la doctora Gisela Alarcón, jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales del Minsal, señala: “Justamente contra eso estamos luchando, porque no haber regulado situaciones como la compra a privados, hace que todo quede librado a la lógica del mercado, la que finalmente no va a proteger la salud de las personas”.


APORTES PRIVADOS A LA POLÍTICA (I)


La lista completa: la verdad sobre las 1.123 empresas que financian la política en Chile
Por: Daniel Matamala en Reportajes de investigación


Una investigación de Daniel Matamala revela por primera vez todas las empresas que han aportado a candidatos e instituciones políticas en los diez años de elecciones regidas por la ley de financiamiento. El análisis de las 1.123 compañías revela la entrega de más de $2 mil millones de la Papelera, las redes de Penta y SQM para financiar la política, la presencia de bancos, isapres, AFPs, casinos y sanitarias y el rol de actores clave: Hernán Büchi y Jorge Rosenblut. Este es un adelanto de un libro que el periodista prepara con el apoyo del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la UDP.
*Ayudante de investigación: Yanara Barra, estudiante de periodismo UDP.


Son 1.123. Un largo listado que se lee como un completo quién es quién de la gran empresa chilena. Están las eléctricas y las mineras, el retail y los casinos, los bancos, isapres, AFPs y compañías de seguros. Esta nómina es la primera mirada global a las empresas que han financiado la política en Chile en la última década, mediante donaciones directas o a través del mecanismo secreto, aunque no ilegal, de los aportes reservados, obteniendo beneficios tributarios.

EL PODER DE LOS GRANDES GRUPOS

La presencia de los grandes grupos económicos en la lista es abrumadora.  Todos los grandes conglomerados del país -18 en total-, listados según en el ranking de riqueza de la Universidad del Desarrollo (UDD) de septiembre de 2014, sin ninguna excepción, han entregado dinero a campañas o entidades políticas, y han pedido al Servicio de Impuestos Internos (SII) las franquicias tributarias a las que tienen derecho para descontar esos aportes de sus impuestos.
La lista es liderada por el Grupo Matte, con 33 empresas aportantes. Entre ellas, están la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y varias compañías ligadas a la emblemática Papelera, el Banco Bice, la eléctrica Colbún y Entel.

La Compañía Industrial El Volcán es la más constante: ha aportado en todos y cada uno de los años electorales desde 2004, cuando entró en vigencia la ley de financiamiento electoral, es decir, en periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, y también municipales.

¿Cuál es el monto de los aportes? Una pista la entrega una investigación previa de CIPER, que, revisando actas de los directorios, descubrió donaciones totales por $215 millones para la campaña de 2013, a través de dos de sus filiales: Colbún Transmisión y Río Tranquilo.

Muchos mayores son las donaciones de la CMPC. En un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido, su “reporte de desarrollo sostenible” de 2013, publicado en agosto del año pasado, lista dentro de las “inversiones de carácter social”  sus “aportes a campañas electorales”. El monto total es de US$1 millón 345 mil ($823 millones al cambio actual).

La ley establece un aporte máximo por empresa de 10 mil UF ($247 millones) por tipo de elección, pero esa cifra puede multiplicarse en un año electoral como 2013, con aportes simultáneos para cuatro elecciones distintas: Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Además, la ley que regula los beneficios tributarios para aportes políticos, establece que “la donación deducida” no puede superar el 1% de la renta líquida imponible de la empresa.
Además, hay otra manera sencilla de evitar el tope legal para financiar campañas: el Grupo Matte distribuye sus platas entre varias compañías. En el caso de la Papelera, además de la matriz Empresas CMPC y de la accionista Cominco, también entregan dinero a la política sus filiales Forestal Mininco, Forestal CMPC, Papeles Cordillera, CMPC Celulosa, Cartulinas CMPC, CMPC Tissue, Industrias Forestales, Bioenergías Forestales, Portuaria CMPC, Forsac, Envases Impresos e Inversiones CMPC, distribuyendo así las platas políticas de la forestal entre 14 firmas vinculadas.

En años anteriores, los reportes de desarrollo sustentable de la CMPC también incluyen algunas cifras de aportes según la ley de donaciones políticas: US$205.354 en 2004; US$669.268 en 2005; US$50.000 en 2006; US$304.000 en 2008 y US$789.000 en 2009. En total, en los seis años informados, la Papelera suma US$3,7 millones. Al tipo de cambio actual, equivalen a poco más de $2 mil millones.


Así, sumando a las filiales de Colbún y de la CMPC, las platas políticas del Grupo Matte suman al menos $2.287 millones.  Esa cifra incluye los montos de sólo 16 de las 33 empresas donantes de los Matte en un solo año electoral de los siete en que ha regido la ley (exceptuando a la CMPC). Del resto, no existe información pública.

Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte aparecen en el puesto 683 en el ranking mundial de billonarios de Forbes, con una fortuna de US$2.800 millones. El 17 de abril, Eliodoro Matte reconoció que “hemos financiado a candidatos a través de aportes reservados”. También descartó categóricamente que su grupo aporte por medio de boletas, y negó presiones para los candidatos beneficiados por la billetera de sus empresas. “Yo jamás he llamado a un parlamentario para pedirle que vote en tal o cual sentido un proyecto”, afirmó.

LUKSIC, ANGELINI Y FALABELLA

Al Grupo Matte le sigue el Grupo Luksic, el mayor conglomerado económico de Chile. Con una fortuna familiar de US$13 mil 500 millones es también uno de los principales “mecenas” de los políticos chilenos. Los Luksic -en estos días en el ojo del huracán por el negocio de Caval y la estrecha vinculación entre Andrónico Luksic y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-, aportan mediante 18 empresas diferentes, incluyendo al Banco de Chile, CCU, y las mineras Los Pelambres, Antofagasta PLC y Esperanza. También la matriz del holding, Quiñenco, hace sus propios aportes a campañas y entidades políticas.

Un nombre que se repite en la entrega de platas políticas es el de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, director de varias empresas y estrecho colaborador de Julio Ponce Lerou, controlador de Soquimich. Además de ser director de SQM, Büchi también interviene en las decisiones del grupo Luksic. Es así como aparece en la sesión del directorio de Quiñenco del 6 de junio de 2013, que decide la entrega del aporte a campañas, aunque sin consignar su monto. Antes, en septiembre de 2009, Büchi había sido “especialmente invitado”, en calidad de asesor, al directorio de la CCU, en el que se aprobó la entrega de platas políticas por vía secreta, aunque legal. CCU ha entregado dinero en todos los años de campañas presidenciales, y en 2009, con Büchi actuando como “invitado”, además sumó a dos filiales, Cervecera CCU Chile y Embotelladoras Chilenas Unidas.

El caso de Minera Los Pelambres es especial, no sólo por el conflicto que ha enfrentado este año con vecinos de Caimanes y Salamanca por el uso del agua. También, porque en este caso, el directorio de la empresa acordó en 2013 un aporte “no superior” a los $825 millones, especificando que debía resguardarse “el criterio de equidad”.  Los generosos aportes a la política de parte de la minera no son una novedad: ya había entregado dinero en 2004, 2005, 2008, 2009 (años electorales) y 2011 (cuando no hubo elecciones).

Empatado con el Grupo Luksic está el Grupo Solari-Cúneo-Del Río con 20 empresas que financian la política. En el negocio del retail se cuentan Sodimac y cinco compañías filiales de Falabella. Según las actas de directorio reveladas por CIPER, sólo en la última campaña Falabella Retail donó $80 millones, mientras que Sodimac entregó $196 millones. Esta última ha repetido sus aportes en: 2008, 2009, 2012 y 2013, todos ellos años de elecciones.

También Plaza S.A. y ocho malls del grupo aparecen en la lista: Plaza Antofagasta, Plaza del Trébol (Talcahuano), Plaza El Roble (Chillán), Plaza La Serena, Plaza Oeste, Plaza San Bernardo, Plaza Tobalaba y Plaza Vespucio (los cuatro últimos en Santiago). Ellos han donado tanto a campañas municipales como parlamentarias.

Con 16 empresas donantes lo sigue el Grupo Angelini. El ámbito de Celulosa Arauco es especialmente activo en política, con aportes de Celco y de otras seis compañías del grupo relacionadas al negocio forestal.
Corpesca, actor fundamental del debate en la última Ley de Pesca, también aparece en la lista, junto a otras dos pesqueras del Grupo Angelini: San José y Orizon. Tras la aprobación de la ley que favoreció los intereses de Angelini y los demás empresarios dueños del mar chileno, CIPER reveló que Corpesca además entregó -al margen del conducto legal del Servel- $25 millones a un asesor de la diputada Marta Isasi, quien respaldó la posición de las grandes pesqueras en la tramitación en el Congreso. El CDE se querelló contra Isasi, su ex asesor Georgio Carrillo y el entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por cohecho y soborno.


LAS CAJAS PAGADORAS DE SQM Y PENTA

Más atrás aparece un nombre célebre por estos días: el Grupo Penta. Aparte de los ya conocidos aportes ilegales, el grupo de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano también montó una amplia operación de donativos políticos, que involucra a 14 compañías de su propiedad. Las más constantes en sus aportes son las isapres: Banmédica (con donaciones en 2005, 2007, 2008, 2009 y 2012), y Vida Tres (en 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013).

También aparecen en la nómina la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, la aseguradora Penta Security, Penta Las Américas, Inversiones Banpenta, Penta Administradora General de Fondos, Penta Capital de Riesgo, Penta Corredores de Bolsa, Penta Propiedades, Vida Íntegra y la matriz Empresas Penta, dando cuenta del uso de toda la red de empresas relacionadas para allegar fondos a campañas o partidos, aprovechando de paso las exenciones tributarias.


La familia Von Appen sigue en el ranking con 13 empresas. El grupo entrega dinero por medio de la naviera Ultramar, el Terminal Pacífico Sur Valparaíso y el Puerto de Mejillones, entre otros.
Wolf von Appen, líder del grupo naviero, es al mismo tiempo director de SQM. Y la compañía controlada por Julio Ponce Lerou también aparece en este listado, entregando financiamiento en todos los años de elecciones (excepto en 2009), mediante cinco sociedades: Soquimich Comercial, SQM Salar, SQM Potasio, SQM Nitratos y SQM Industrial.

Así, Penta y SQM utilizan formas complementarias para entregar financiamiento político: al mecanismo legal de los aportes reservados -y, eventualmente, las donaciones legales- se suma el uso extensivo de boletas por servicios no prestados para fines políticos, un ilícito que actualmente investiga el Ministerio Público y que les permitió a Penta y a la minera controlada por Ponce Lerou evadir impuestos.

Según declaró ante la Fiscalía el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, el aporte reservado del holding en la última campaña presidencial y parlamentaria fue de US$1,1 millón.  Julio Ponce Lerou dio un margen mucho mayor en su declaración ante los persecutores: “El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. La cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de US$10 millones”, declaró –según La Tercera- el controlador de SQM.

LOS MILLONES DE ENERSIS

El Grupo Enersis decidió una donación por un monto que impresiona: US$2,5 millones para las campañas de 2013 ($1.274 millones en ese momento). Una cifra aún más relevante considerando que es una práctica habitual: Enersis ya había hecho aportes los años electorales de 2004, 2005, 2008 y 2009. Entre los proyectos más controvertidos de la multinacional en Chile se cuentan Ralco, Punta Alcalde e Hidroaysén.
Las actas del directorio de su filial Endesa Chile, del 30 de agosto de 2013, prueban la entrega de US$1 millón ($509 millones en ese momento), pero no se explicita cómo se repartieron los dineros para cumplir con el tope legal de $247 millones por tipo de elección. Para esos efectos, en campañas anteriores el grupo usó otras dos compañías, Chilectra y Luz Andes, para canalizar aportes reservados a campañas.
Jorge Rosenblut

El uso de múltiples filiales de la misma empresa se repite una y otra vez en los casos de grandes compañías y de los mayores grupos económicos, lo que constituye una forma de burlar los límites legales a los aportes vía Servicio Electoral.

En el caso de Endesa, el directorio mandató a su entonces presidente Jorge Rosenblut para distribuir el millón de dólares entre los candidatos. El empresario (ex PPD), tiene vínculos de sobra con el mundo político. En 2005 fue el líder del equipo recaudador de la primera campaña de Michelle Bachelet. Antes había ejercido como subsecretario de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei, y actualmente es pareja de la secretaria general de la Presidencia, la ministra Ximena Rincón (DC).

En la última campaña, Rosenblut volvió a actuar como recaudador del bacheletismo, y en 2012 se reunió con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, mano derecha de Julio Ponce Lerou, para “promover un apoyo económico” a la aún no declarada candidatura de Bachelet, según reconoció en entrevista con El Mercurio.

Así, Rosenblut estuvo simultáneamente en ambos lados del mesón en el tránsito de platas entre las empresas y la política: repartiendo dinero desde una compañía y, al mismo tiempo, recaudando para una candidatura. Una doble militancia que aparentemente fue bien vista por sus empleadores: en 2014, ya con Michelle Bachelet en La Moneda, Rosenblut fue ascendido a la presidencia del holding Enersis, cargo que ocupa en este momento.

PAGA LA BANCA

El poder de los bancos en el proceso político ha sido objeto de debate desde el regreso de la democracia. El sector bancario ha influido fuertemente en la regulación que lo afecta asegurando suculentas ganancias para su actividad (US$2,7 millones sólo entre enero y agosto de 2014). Un poder que el entonces presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad (DC), resumió públicamente cuando se declaró “el papá de la guagua” tras el acuerdo por la reforma tributaria.

Pues bien, los cuatro mayores bancos privados de Chile, listados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) según su participación en colocaciones, también aparecen en la nómina de financistas de la política. El Santander tiene aportes por $320 millones en 2013, para ser repartidos “velando por un razonable equilibrio”.

El Banco de Chile, del Grupo Luksic, ha hecho aportes permanentes: en 2004, 2005, 2012 y 2013. Estos se suman a las donaciones de sus filiales: Banchile Corredores de Bolsa, Banchile Factoring y Banchile Administradora General de Fondos.

El Banco Crédito e Inversiones (BCI), del Grupo Yarur, financió directamente la política en 2005 y 2008, pero ha estado presente en todos los años de elecciones a través de los aportes de ocho de sus filiales. En la última campaña, las elegidas para entregar dinero fueron BCI Asset Management, BCI Corredor de Bolsa y BCI Factoring. En este caso, el directorio autorizó entregar “el máximo que la normativa establece”. Multiplicando el tope legal de $247 millones por los cuatro tipos de elección simultánea y las tres filiales, ese máximo podría llegar a $2.964 millones.

Corpbanca, del Grupo Saieh, ha entregado dinero en todos los períodos electorales: 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013. De hecho, el acuerdo de fusión firmado el año pasado entre Corpbanca e Itaú especifica que “los accionistas se comprometen a que Corpbanca haga donaciones políticas a beneficiarios que serán propuestos y acordados con los accionistas y que serán consistentes con las prácticas pasadas de los últimos cuatro años”. El mismo acuerdo detalla que durante 2013, el grupo hizo aportes a la política por $1.005 millones, los que desglosan así: Corpbanca, $866 millones; Corpbanca Corredores de Bolsa, $12 millones; Corpbanca Corredores de Seguros, $90 millones, y Corpbanca Administradora General de Fondos, $37 millones (Álvaro Saieh, cabeza del grupo, aporta el porcentaje más importante del financiamiento de CIPER).

Así, sumados a otras entidades financieras, como el Bice, el Security y el Banco del Desarrollo, los bancos que son mecenas de la política dominan ampliamente el mercado: acaparan más de dos tercios de las colocaciones del sistema, por un monto total de unos US$146 mil millones, según las cifras a junio de 2014 de la SBIF.

CASINOS, ISAPRES Y SANITARIAS

¿Y los demás grupos económicos? Ya está dicho que el Grupo Yarur aporta mediante ocho empresas, todas vinculadas al Banco BCI y sus negocios de seguros, corredores de bolsa, factoring, administración de fondos y asesorías financieras. En la lista de donantes figuran tres empresas del Grupo Said, incluyendo el Parque Arauco y dos del Grupo Cueto: Latam Airlines y Lan Cargo. El Grupo Security aparece con seis, partiendo por el banco del mismo nombre.

El Grupo Paulmann financia campañas mediante ocho de sus empresas: Cencosud, Easy y Costanera Center, entre ellas. El Grupo Hurtado Vicuña figura con cinco vinculadas a Consorcio Financiero. El Grupo CGE suma diez compañías, con presencia de las empresas eléctricas de Arica, Iquique, Atacama, Melipilla-Colchagua-Maule, Antofagasta y Talca. Aparte de las cuatro empresas financieras ya mencionadas del Grupo Saieh que aparecen con aportes a la política, en la nómina del SII figuran otras tres empresas del mismo grupo.

Andrés Navarro

Otros empresarios conocidos por su actividad política también lideran grupos económicos relevantes que han hecho aportes a candidatos. Rafael Guilisasti, estrecho colaborador de Andrés Velasco, donó a través de Viña Concha y Toro. Andrés Navarro, amigo y jefe de campaña de Sebastián Piñera en 2005, aportó mediante Sonda y la Viña Santa Rita. Guilisasti ha reconocido haber “pedido y recibido” aportes reservados para sostener la campaña de Velasco, mientras que Andrés Navarro admitió haber entregado dinero de manera irregular a campañas: “Estas facturas las tiraba a gastos… es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas”, afirmó a Radio Duna.

La lista de los 18 mayores grupos del país según la UDD, todos los cuales han realizado donaciones políticas, se completan con el Grupo Fernández León (cuatro empresas donantes, sin contar su participación como socio de Penta en las empresas Banmédica); y con Sigdo Koppers (a través de Puerto Ventanas).
El listado también incluye a Agrosuper. La empresa avícola fue condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a pagar US$25 millones por haberse coludido con Ariztía y Don Pollo para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado. La empresa de Gonzalo Vial obtuvo franquicias tributarias por aportes políticos en 2005, 2008, 2012 y 2013, todos años electorales.

Entre los aportes reservados a la política llama la atención la presencia de empresas cuyos ingresos provienen de los pagos de cotizaciones por seguridad social de los trabajadores chilenos. Además de las ya mencionadas Banmédica y Vida Tres del Grupo Penta, en la nómina están la Isapre Colmena (2005), y la AFP Cuprum (2004, 2005, 2008, 2009 y 2012). Eso significa que una parte de esas cotizaciones fueron destinadas de forma secreta a financiar campañas políticas, partidos o institutos de formación política.

Y hay más casos en áreas económicas reguladas o sensibles. En la nómina aparecen tres casinos de juegos de la familia Fischer, donando preferentemente en años de elecciones municipales, organismos desde donde son fiscalizados: los de Punta Arenas (2012), Temuco (2012) e Iquique (2008 y 2013).
También hay concesionarias de agua potable: Aguas Araucanía (2005), Aguas del Altiplano (2005 y 2008), Aguas Magallanes (2005 y 2008), Aguas Nuevas (2008), Aguas Patagonia de Aysén (2005) y Aguas Antofagasta (2009). Esta última pertenece al Grupo Luksic, mientras que las cuatro primeras estaban vinculadas, en el momento de los aportes, al Grupo Solari (*).

El traspaso de dinero empresarial a la política es mucho más relevante en años electorales.  Pero algunas empresas también declaran donaciones en períodos sin elecciones como 2007 y 2011, lo que devela que también financian actividades corrientes de los partidos políticos. Entre estos financistas permanentes se cuentan Cencosud, del Grupo Paulmann; las isapre Banmédica y Vida Tres, ambas del Grupo Penta; SQM Nitratos, de Julio Ponce Lerou; y Quiñenco, del Grupo Luksic.
No es casualidad que nombres como Luksic, Paulmann, Ponce Lerou y Penta se repitan también en esta última lista: eran, a todas luces, nombres con que los políticos podían contar, no sólo en período de campaña, sino para entregar financiamiento más constante.

LA REBAJA DE IMPUESTOS QUE ABRE LA PUERTA

La Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral que rige desde 2003  garantiza el secreto de los aportes reservados de empresas a campañas políticas. En teoría, esta reserva debía impedir que los candidatos beneficiados pudieran ser presionados por sus donantes. Los últimos escándalos relacionados con el financiamiento de la política han demostrado que esa garantía resultó ser falsa: los candidatos saben qué empresas y cuánto dinero les donaron. Lo que sí es cierto es que los aportes reservados se mantienen en secreto a los ojos de la ciudadanía. A esta ley se suma la normativa que regula las donaciones directas a partidos e institutos de formación política. En ambos casos, los donantes pueden solicitar beneficios tributarios.

Esta posibilidad de descontar impuestos ha sido precisamente la zanahoria que pudo utilizarse en este reportaje para acceder a la nómina de las empresas que han financiado la política desde 2004, a través de aportes reservados realizados vía Servel -presumiblemente el grueso de la nómina- y de donaciones directas a partidos o institutos de formación política.

Durante la investigación para un libro que preparamos con el apoyo del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la UDP, y gracias a la asesoría de la Fundación Pro Acceso, solicitamos al SII por Ley de Transparencia la lista completa, año por año, de los RUT que han pedido la devolución de impuestos por donaciones políticas. En octubre de 2014, La Tercera publicó una lista similar, pero circunscrita sólo a las devoluciones del año tributario 2014.
Esta vía indirecta nos entrega la nómina total de las empresas que han pedido devoluciones de impuestos por contribuciones políticas legales, ya sea a través del Servicio Electoral, como directamente a organizaciones políticas. Pero no nos permite acceder a datos clave: a qué candidatos o partidos se hicieron las donaciones, ni el monto de los aportes (ese detalle según el SII es parte del secreto tributario). Con todo, esta manera imperfecta e indirecta es la mejor ventana disponible al mundo del financiamiento hasta hace poco secreto de las campañas políticas en Chile.


* Nota de la Redacción: La cantidad de empresas a través de las que cada grupo económico hizo donaciones políticas, fue calculada considerando el año en que se realizó el aporte y la propiedad de la empresa en ese momento.