Por Gonzalo Martner, Profesor Titular de la Universidad
de Santiago.
Economista de la Universidad de Paris I
Panthéon-Sorbonne, doctor de la Universidad de Paris X Nanterre y profesor
titular de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de
Santiago. Fue Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del
Ministerio del Interior en 1990-1994 con Patricio Aylwin, Subsecretario del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia en 2002-2003 con Ricardo Lagos
y Embajador de Chile en España en 2008-2010 con Michelle Bachelet. Fue
Secretario General, Vicepresidente y Presidente del Partido Socialista
(1994-2005). En el campo académico es autor y co-autor de diversos artículos y
libros y recientemente coeditor de “Radiografía crítica al modelo chileno”
(Santiago, 2013). Es actualmente director del Departamento de Gestión y
Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile y del Magíster en
Gerencia y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la
Universidad de Santiago de Chile. Es miembro de la Fundación Chile 21.
Postura de Chile tras el fallo de La Haya
Hemos escuchado incansablemente, por parte de la mayoría
de los analistas y juristas chilenos sobre los temas de las demandas peruana y
boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que la
mayor instancia jurídica internacional debe fallar en derecho -lo que es una
obviedad (¿qué tribunal no falla a sus ojos en derecho?)-, y que por tanto sólo
le cabe aceptar la posición chilena, lo que los hechos han desmentido una y
otra vez. Tanto en el caso peruano
sobre límites marítimos, como en el caso boliviano sobre admisibilidad de la
demanda sobre obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar, la
Corte no le ha dado la razón a la parte chilena.
Caben dos posibilidades: o la Corte no falla en derecho y
mantiene una animadversión arbitraria hacia Chile –en cuyo caso hay que
denunciar a la Corte Internacional y salirse del Pacto de Bogotá de 1949 que
Chile suscribió y que compromete a los países suscriptores a que los diferendos
de límites se diriman por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia
como alternativa a la guerra entre naciones- o los analistas y juristas
chilenos de marras están equivocados.
El autor de estas líneas no es jurista, pero procura
razonar más allá de lo que digan o no las opiniones convencionales o las
encuestas frente a los hechos de la esfera pública. Y el primer razonamiento que se le ocurre
hacer es que el propio nombre de la Corte Internacional indica que está para
impartir justicia, y no para aceptar sin más los argumentos de alguna parte
demandada según la cual su posición sobre límites no admite controversia y es
intangible, como ha sido invariablemente la posición chilena y que
manifiestamente no convence a nadie. ¿Es menester recordar que este
camino lleva sólo a una conclusión, la de terminar a la larga sustituyendo la
diplomacia por la guerra? ¿Y que la Corte Internacional de Justicia procura
establecer soluciones justas para las partes involucradas en controversias
territoriales que eviten la solución de la guerra?
En el caso de los límites con Perú, Chile debe actuar
-luego del fallo sobre límites marítimos- dando por cerrado el tema de la
frontera norte, lo que Perú formalmente no cuestiona. Aparentemente sólo
permanece una controversia sin resolver que involucra el llamado “triángulo
terrestre” de 3,7 hectáreas de arena al borde del mar, aunque es posible que
permanezca como trasfondo la conjetura según la cual la subyacente postura
peruana es la de mantener conflictos de cualquier índole en vistas a procurar
recuperar soberanía sobre Arica en algún momento en el futuro.
Esta postura no es expresamente formulada por la
diplomacia peruana, aunque fue insinuada en su respuesta al acuerdo de Charaña
de 1975 cuando puso como condición para aceptar un pacto entre Chile y Bolivia
que permitiera a nuestro vecino acceder al mar en condiciones de soberanía en
la frontera sur del Perú, que se estableciera un área territorial bajo
soberanía compartida entre los tres países, aunque aceptaba la cesión de una
franja desde la frontera boliviano-chilena hasta el tramo de la carretera
Panamericana que une Tacna y Arica.
En el caso de Bolivia, lo
sensato frente al reciente revés en la Corte, es tomar iniciativas unilaterales
constructivas. En vez de denunciar el Tratado de Bogotá y poner todo tipo de dificultades, como les
gustaría a los chauvinistas irredentos, nuestro país debe facilitar
aceleradamente el libre tránsito establecido en los tratados entre Chile y
Bolivia en todos los aspectos, lo que ayudaría grandemente a mejorar nuestra
imagen internacional, hoy bajo la sospecha de ser un país militarista y obtuso.
Esa imagen que transmite
Chile no predispone a juez o gobierno alguno a escuchar con benevolencia la
posición chilena sobre intangibilidad eterna de los tratados emanados de
guerras de conquista, y a poner el tema dónde debe estar: en la
negativa de Perú de aceptar una presencia boliviana en su frontera sur.
Recordemos lo señalado en el acuerdo de Charaña, en la versión del ex embajador
Demetrio Infante: “la propuesta chilena era un corredor de aproximadamente
siete kilómetros al sur del Punto de la Concordia y era un corredor que no
solamente daba playa, costa, mar, sino que unía hasta Bolivia mismo. Además le
entregábamos el aeropuerto de Arica, pues quedaba en la franja, pero bueno, se
tasaba y se entregaba. También le entregábamos el ferrocarril Arica-La Paz, por
lo que había que valorarlo y cobrar un justo precio por ello”. Esto se
acompañaba de la construcción de un túnel para el tránsito de personas y
mercancías entre Chile y Perú.
Si la dictadura de Pinochet
estuvo dispuesta a hacer estas cesiones de territorios chilenos, con una
compensación equivalente de territorios bolivianos, la democracia chilena del
siglo XXI debe estar dispuesta a entregar unilateralmente facilidades de libre
tránsito mayores a las pactadas hasta ahora con Bolivia, aunque el
tema de la soberanía quede en suspenso mientras el Perú se niegue a otorgársela
a Bolivia por el único lugar por el cual es concebible una salida soberana al
mar para este vecino país. Nadie debe tener dudas sobre el hecho que es
impensable, y un eventual factor de permanente inestabilidad futura, cualquier
partición del territorio chileno en dos a través del antiguo territorio
boliviano, lo que seguramente Bolivia está en condiciones de admitir.
Chile no debe seguir en la
ofuscación, la negación y el nacionalismo estrecho, sino manifestar claros
signos y expresiones de voluntad de ayudar a Bolivia en todo lo que esté en sus
manos para superar su situación de enclaustramiento y ser un
factor de contribución a la integración latinoamericana, haciendo posible a la
brevedad el más completo libre tránsito de los bolivianos, incluyendo nuevas
facilidades de transporte y logística en la franja al sur de la línea de la
Concordia.
Nuestros pueblos tienen muchos otros temas de los que
preocuparse que de eternos conflictos de fronteras agitados por gobernantes
preocupados de ganar popularidad interna antes que de avanzar en el desarrollo
común, que es lo que debiera interesarnos como nación moderna con vocación de progreso.